AI suspende la política exterior española en materia de derechos humanos

(20 minutos) Amnistía Internacional acusa al Gobierno español de obviar las violaciones de derechos humanos que se producen en algunos países en beneficio de los intereses comerciales.

La acusación, recogida en un informe (PDF) al respecto que comprende los años 2006 y 2007, cita en un lugar destacado a Rusia, China, EE UU y Colombia, con los que prima "intereses políticos, estratégicos y económicos e, incluso, en algunos casos, presta apoyo político a acciones que puede acabar en vulneraciones de derechos humanos".

Además, AI insta al Ejecutivo a poner en marcha el Plan Nacional de Derechos Humanos, una promesa electoral del PSOE que no se ha plasmado en toda la legislatura.

Cuatro casos concretos

En el caso de China, el informe se fija en la firma de un Tratado de Extradición, que coincide con un incremento de las exportaciones al gigante asiático de un 40%. El acuerdo de extradiciones excluye los delitos castigados con penas de muerte, pero a AI le preocupa "cómo lo pueden garantizar, si las estadísticas de pena de muerte no son públicas y muchas condenas se dictan en juicios injustos".

La ONG también señala la merma de libertades públicas de Rusia, con persecución de activistas por los derechos humanos y de periodistas. AI denuncia la oposición española, "a petición del Gobierno ruso", a la participación de una organización ruso-chechena en una reunión internacional sobre víctimas del terrorismo. En el informe se contextualiza estas actuaciones con el papel de Rusia como principal suministrador de crudo de España.

Aunque la ONG valora la petición para que se cierre Guantánamo, hecha por De la Vega, con Estados Unidos el problema son las medidas amparadas por la "guerra contra el terrorismo". Estas actuaciones suponen un grave recorte de los derechos humanos, con detenciones sin juicio e incluso desaparciones, con el silencio cómplice de los gobiernos europeos en los ya célebres vuelos de la CIA. Amnistía Internacional denuncia la firma de un protocolo entre España y EE UU para intercambiar información sobre sospechosos de terrorismo.

En cuanto Colombia, AI critica el apoyo que el Gobierno español presta a la Ley de Justicia y Paz aprobada en 2002 en el país latinoamericano y que supone una especie de 'punto y final' a la que se se acogen muchos paramilitares para no tener que responder ante la justicia. Según AI, sólo 2.600 paramilitares tendrían derecho a la amnistía que recoge esta norma.

Algunos aciertos

El informe también tiene aspectos positivos de la gestión del Gobierno español, como el incremento de la contribución para la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos o su apoyo a la moratoria para la abolición mundial de la pena de muerte, junto a otras actuaciones en el marco de las Naciones Unidas.