Sólo islamistas, sólo Goma 2 de Trashorras

(ABC) DOLORES MARTÍNEZ / PABLO MUÑOZ. MADRID.

La verdad judicial del 11-M, establecida ayer mediante sentencia por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, no deja margen para la duda: la matanza de Madrid fue un atentado sólo islamista y todo o gran parte del explosivo plástico utilizado, del tipo Goma, salió de «Mina Conchita». Ni rastro, pues, de teorías alternativas, que el Tribunal echa por tierra con una contundencia feroz. Muy al contrario, queda respaldada la investigación policial y judicial, que durante todo este tiempo ha sido objeto de acoso por parte de algunos sectores de los medios de comunicación y la política.

A medida que avanzaba la lectura de la sentencia por parte del presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, quedaban definitivamente en evidencia las manipulaciones, y ratificadas las informaciones de las que ABC ha dado cuenta puntual desde el mismo 11 de marzo de 2004. Nunca hubo indefensión de los procesados derivada de la prolongación del secreto de sumario; decir que no se practicaron las autopsias a los cadáveres de Leganés es «falaz»; «la cadena de custodia (de la Renault Kangoo) está plenamente acreditada», y la actuación policial respecto a ella fue «escrupulosa», nadie metió nada en el vehículo ni se manipuló, por lo que las pruebas allí encontradas -particularmente los detonadores- son plenamente válidas; las partes han intentado hacer un «totum revolutum» con la mochila 13, sin aportar un «mínimo indicio» de que se trata de una falsa prueba, y además «no existe ruptura de la cadena de custodia, la prueba es auténtica y el Tribunal no tiene duda razonable alguna» sobre ella; la investigación sobre el teléfono contenido en esa bolsa se realizó siempre «bajo un control judicial directo e inmediato»; el Tribunal tiene la convicción de que «toda o gran parte de la dinamita de los artefactos que explosionaron en los trenes el día 11 de marzo y toda la que fue detonada en el piso de Leganés, más la hallada en el desescombro posterior, procedía de «Mina Conchita»», al margen de que «la falta de determinación exacta de la marca del explosivo no impide llegar a conclusiones jurídico-penalmente relevantes respecto de la intervención de los procesados»; «el Tribunal no alberga duda racional alguna sobre los acontecimientos ocurridos en la calle Martín Gaite de Leganés»; y, finalmente, «ninguna de las pruebas, sometidas a contradicción en el plenario, avala la tesis alternativa» de una supuesta implicación de ETA en la matanza.

Los razonamientos jurídicos, por tanto, cierran de forma definitiva la autoría del atentado en el ámbito del terrorismo islamista. Pero además, en el apartado de hechos probados, el Tribunal es, de nuevo, contundente: la célula o células asesinas -y menciona a los condenados por pertenencia a banda armada, incluido «El Egipcio»- «pretenden derrocar los regímenes democráticos y eliminar la cultura de tradición cristiano-occidental sustituyéndolos por un Estado islámico bajo el imperio de la sharia o ley islámica en su interpretación más radical, extrema y minoritaria».

El móvil de la matanza, pues, no fue la presencia de tropas españolas en Irak decidida por el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, ni la anterior misión de Afganistán, mantenida por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Ni tampoco, por supuesto, el 11-M fue resultado de unas oscuras tramas de policías, servicios secretos o sectores políticos que se habrían aliado para urdir el peor atentado de la historia de España. Los terroristas, sólo islamistas radicales, querían arrasar nuestra democracia para poner a nuestro país bajo el yugo de la ley islámica en su interpretación más radical. Por tanto, si hay que buscar «autores intelectuales», sólo se podrán encontrar en ese ámbito.

Ya en el aspecto de la valoración de la prueba, el Tribunal atribuye dos autorías materiales -a Jamal Zougam y Othman el Gnaoui-, una autoría por cooperación necesaria -a José Emilio Suárez Trashorras-, trece integraciones en banda armada -además de a Zougam y el Gnaoui, a El Haski (en grado de dirigente), Basel Ghalyoun, Fouad el Morabit, Mohannad Almallah Dabas, Youssef Belhadj, Larbi ben Sellam, Mohamed Bouharrat, Saed el Harrak, Rachid Aglif, Abdelmajid Bouchar y Hamid Ahmidan-, dos colaboradores con banda terrorista -Rafa Zouhier y Fadual el Akil-, tres falsificadores -Nasreddine Bousbaa, Othman el Gnaoui, Bousbaa y Slimane Aoun-, dos transportes de explosivos -a Iván Reis Palicio y Sergio Álvarez-, un suministro de explosivos -a Raúl Álvarez-, y un tráfico de estupefacientes, a Hamid Ahmidan. En total, los delitos están penados con 120.755 años de cárcel. La responsabilidad civil para hacer frente a las indemnizaciones recae sólo en Zougam, El Gnaoui y Trashorras, único procesado condenado por los sucesos de Leganés, incluyendo la muerte del geo Francisco Javier Torronteras.

El Tribunal no condena a nadie como «autor intelectual» de la matanza -la Fiscalía acusaba de este delito a Belhadj, El Haski y a Rabei «El Egipcio»- y lo justifica en que para hacerlo habría tenido que quedar acreditado el «canal de transmisión de órdenes», lo que no se ha producido en este caso. Sin embargo, Belhadj y El Haski son condenados por pertenencia a organización terrorista, y éste, además, en grado de dirigente, lo que no implica, según la Sala, que sea responsable de forma automática de todos los atentados que cometa la banda que capitanea.

«El Egipcio» está implicado

Capítulo aparte merece la absolución de Rabei Osman el Sayed, «El Egipcio». Esta decisión no supone en ningún caso que la Sala lo desvincule de los atentados; es más, le cita entre los implicados en la matanza y como miembro de la célula terrorista. Pero no le puede condenar en virtud del principio «non bis in idem», ya que este individuo cumple condena en Italia por pertenencia a banda armada. En la sentencia italiana se nombra a Serhane «El Tunecino», líder espiritual de la célula del 11-M, a Galhyoun y El Morabit como individuos con los que tenía contactos en relación con ese ataque. Intentar ver algo más allá en esta absolución es, simplemente, manipular los hechos declarados probados por el Tribunal.

Otro de los aspectos que no pueden pasar inadvertidos es que en los hechos probados la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional considera a los siete individuos que se suicidaron en Leganés como autores materiales de los ataques, si bien no pueden ser condenados por ello al quedar exitinguida con su muerte cualquier responsabilidad penal. Pero la Sala confirma que eran el núcleo principal del comando asesino.

El Tribunal se detiene muy especialmente en la fantasmagórica relación de la banda ETA con el 11-M, lo que descarta de forma definitiva al dar por buenos hasta nueve informes que niegan el mínimo contacto. Asimismo, recuerda que en la primera inspección ocular a la Renault Kangoo ya se apreciaron indicios que apuntaban a un «modus operandi» que no coincidía con el de la banda terrorista ETA.

Había igualmente expectación por saber si el Tribunal deduciría testimonio contra algún miembro de las Fuerzas de Seguridad, tal como solicitaban algunas de las partes y reclamaban los defensores de las teoríasalternativas jamás demostradas. De nuevo esas expectativas quedaron en agua de borrajas. Ningún policía ni guardia civil cometió un delito en relación con estos hechos, a pesar de que desde algunas instancias se ha atentado contra el honor y el buen nombre de muchos de ellos.

Rajoy y Zapatero

Las reacciones a la sentencia no se hicieron esperar. El primero en comparecer fue el presidente del Gobierno, quien realizó una declaración oficial de perfil claramente institucional. Quiso dejar claro, eso sí, que ha quedado fijada la «verdad judicial», al tiempo que pedía «mirar hacia adelante» y la unión de todos frente al terrorismo. El jefe de la oposición, sin embargo, en otra comparecencia sin preguntas, se aferró a que «hay que investigar hasta el final», dado que no hay condenados como «autores intelectuales». Eso sí, Rajoy atribuyó al Ejecutivo en funciones del PP el haber reunido las pruebas para que se haya podido condenar a los terroristas, lo que no deja de ser cierto.

Las asociaciones de víctimas del terorismo coincidieron en que no les gusta la sentencia, aunque por motivos muy diferentes. La AVT dice que se trata de un «punto y seguido» y que hay que investigar quién es el «autor intelectual» de los atentados, aunque la Sala deja meridianamente claro que se trata de un ataque sólo islamista. Para la asociación de Pilar Manjón es una decisión «floja», al no ser las penas todo lo altas que solicitaban. Por ello, recurrirán la decisión de la Sala ante el Tribunal Supremo.